lunes, 27 de febrero de 2012

Tarea 5 , Resúmenes


La Paz y el Pueblo- Norman Angell
Capítulo IV- La defensa debe ser cooperativa
El capítulo comienza con un fragmento que exalta la soberanía de un país que cuente con sus propios mecanismos eficientes de defensa, seguido de esto el autor indica que la defensa colectiva, no la individual es la base de la seguridad en la sociedad. El sistema de absoluta independencia en que cada uno es su propio juez y defensor, es incompatible con la organización social, el sistema de la neutralidad también lo es, esto se aplica de igual manera al ámbito de las relaciones internacionales.

Angell nos indica que en el sistema del aislamiento nacional, el propósito único del poder de la nación es hacerla capaz de ser juez de sus derechos e intereses en cualquier disputa con otras naciones. Bajo este contexto  nos explica que el propósito del ejército y la armada en el sistema de la anarquía internacional es poner al litigante en capacidad de hacerse juez; pero en tal sistema la fuerza no puede ser nunca instrumento de la justicia. Se nos habla también del rol de la policía, esta debe ser arma de la ley al igual que la fuerza nacional debe ser arma del litigante.
El autor hace alusión a  una analogía entre policía y ejército dado a que comúnmente se confunde e interpretan mal las funciones de cada institución. El objeto de las fuerzas de policía es enteramente contrario al objeto de los ejércitos y armadas que hasta ahora han existido.

En el sistema de que se trate, la fuerza no puede servir de apoyo al derecho, por justo que sea el litigante que falle en la disputa, el derecho que cada pate debe tener es el de no estar sujeta al juicio de la otra parte,  por justa que ésta sea.  Como explica Angell , “la experiencia histórica demuestra que no hay más que un medio de salir del dilema de la rivalidad armada: hacer del poder instrumento de la ley, del juez imparcial, no de cada litigante”. El capítulo presenta el caso de la primera guerra mundial y como el mismo tratado de Versailles no toma en cuenta la posible hegemonía que Alemania podía llegar a adquirir, a la larga todo es causal y vemos como esto al finalizar convierte a una Alemania mucho más fuerte y con ansias de dominar el orden internacional.

Angell concluye estableciendo que el poder organizado internacionalmente debe emplearse como instrumento de uno de los litigantes o grupos de litigantes contra el otro. También se establece que la paz durará mientras una de las partes acepte (voluntaria  u obligadamente) una condición o categoría que , según los mismos defensores de esta política , ni nuestra nación ni ninguna otra debe aceptar- la condición de inferioridad en cuanto a derechos.

Capítulo 4 – Noción moral de guerra.
El capitulo comienza definiendo la guerra como una “sanción jurídica que la autoridad competente aplica a quienes han infringido el derecho natural o social, amenazando o dañando gravemente el bien común y aplicado con un doble fin: restaurar el orden u castigar al malhechor” .  Partiendo de esta definición se logran extrapolar varias conclusiones, la primera nos dice que una guerra va a ser justa cuando se busca restaurar el orden natural. La segunda conclusión nos dice que la guerra siempre va a castigar al ofensor, pero la tercera conclusión nos dice que una guerra no va a ser justa cuando busque castigar únicamente a ciertos culpables y que tolera a los principales responsables del desorden y por ende no finaliza restaurando la paz.  Por último la cuarta conclusión nos dice que la guerra es una sanción jurídica y que por lo tanto debe de ser aplicada por alguien que tenga la autoridad y jurisdicción competente, y que sepa diferenciar entre una guerra injusta y justa.

Como el autor profundiza más adelante se indica que son tres las razones principales que determinan una guerra lícita: 1. Declarada por una autoridad competente, 2. Se desempeña bajo una causa justa, 3. Con una recta intención.

Capítulo 5- La autoridad competente
Este capítulo comienza estableciendo que el orden del bien común es responsabilidad del poder público pero su defensa y restauración también lo es de la autoridad competente. El autor reitera que la autoridad es necesaria para declarar la guerra y que esta debe de ser legítima. El poder de la autoridad también requiere de gran responsabilidad para poder determinar una guerra justa o injusta.  En esta ocasión se hace alusión a la autoridad de la república emitida por el gobierno, y este derecho a la guerra solo puede ser ejercido por quién pretenda el bien común, rol del gobierno.

Seguido de esto el capítulo presenta una serie de clasificaciones bajo las cuales las autoridades no son legitimas para guerrear, dentro de estas encontramos un gobernante que cuente con poca legitimidad, poca representación y que condene a una guerra bajo una causa injusta.   Por otro lado el autor nos induce a una temática interesante que suele ocurrir en muchos pueblos de nuestro país, donde las autoridades no hacen nada por defender o castigar a los delincuentes teniendo que recurrir a  medidas empleadas por ellos mismos para obtener justicia.

De igual manera el capítulo resalta que una guerra ganada por las fuerzas armadas de un país es una victoria para el país, sobre la guerra justa. De la misma manera se reitera que habiendo quién ejerza la justicia en un gobierno ordenado nadie debería de ejercer la justicia por su propia cuenta. El capítulo sintetiza que  también puede existir la opción bajo la cual un gobierno proteja al “agresor” convirtiéndose el gobierno en un enemigo del orden y la Nación, merecedor de ser reprimido y castigado por quién tuviese poder para restablecer el orden, la justicia y la paz. Esta nueva autoridad debe de castigar los actos de la autoridad previa pero también  se debe de tomar en cuenta , como dice el texto “cuanto mayor autoridad mayor responsabilidad” ,lo que implica un gran trabajo para el restablecimiento legítimo de esta nueva autoridad.

Este capítulo también nos habla de cómo un gobierno corrompido puede sancionar con justicia, y al hablar de esto nos indica que “la autoridad se dirige al bien público y a la justicia, por lo tanto, todo lo que se ordene para el bien común es legítimo”.  El autor nos dice que el orden de la ética política es un orden objetivo donde cuentan los hechos por sí mismos y por sus efectos en concretas circunstancias, y no interesan las intenciones de los que los produjeron. Un aspecto interesante que presenta esta temática es el hecho que lo único que debería de ser criticable de un funcionario público es la eficiencia de sus actos públicos, pues la vida privada no incumbe si los resultados de su función fueron óptimos.

Se nos dice de igual manera que el ejercicio de todo gobierno debe de ser acto de la virtud moral e intelectual llamada la prudencia, esta difícil virtud que se actualiza en tres actos: consejo, juicio práctico y mando. Lo último va muy relacionado como profundiza el autor en saber tomar el consejo de personas idóneas y autorizadas (buenos estadistas, una minoría calificada). Al encontrarnos con un gobierno corrupto el autor nos explica cómo se podría ejercer el derecho a derrocar al gobierno que atenta contra la nación, y se nos indica que la certeza debe provenir de algún dictamen muy autorizado por su sapiencia e insospechable de “partidismos bastardos”. * En pocas palabras el autor nos dice que ante una guerra injusta los ciudadanos de jerarquía tienen el deber de impedirla y si estos no pueden , no deben participar en ella. 

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